El Poder Ejecutivo promulgó ayer la Ley 311-14 sobre declaración jurada de bienes, la cual establece penas de hasta diez años de cárcel y 40 salarios mínimos para los funcionarios que mientan sobre sus bienes que poseen o que no puedan probar el origen de los mismos.
Danilo Medina promulgó también la Ley 310-14 que regula el envío de correos electrónicos comerciales no solicitados, conocidos como Spam; prohíbe la remisión directa o indirecta de comunicaciones comerciales, cuya recepción no haya sido solicitada o consentida por el receptor de la misma.
En el caso de la Ley sobre Declaración Jurada de Bienes, precisa que los funcionarios obligados a declarar, tendrán treinta días siguientes a su toma de posesión, para presentar lo que la Ley define en su artículo 5 como Declaración Jurada Inicial, y dispondrá de 30 días como plazo máximo después de cesar en su cargo para presentar su Declaración de Finalización, según el artículo 6 de la pieza legal.
De acuerdo a la nueva ley que designa a la Cámara de Cuentas como órgano de control, fiscalización y aplicación de la Ley, aquellos funcionarios que no presentaren su declaración jurada en el plazo establecido u omitan o falseen información sobre su patrimonio, serán penalizados con prisión de uno a dos años, y multa de veinte hasta cuarenta salarios mínimos del Gobierno Central, según el caso.